En el marco de las políticas de reconstrucción que se están llevando a cabo desde que el presidente García-Page tomara posesión en el año 2015, se encuentra la protección de las familias más vulnerables de Castilla-La Mancha.
Además del apoyo a las familias vulnerables en materia de vivienda a través del asesoramiento especializado, es necesaria la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger a las familias más vulnerables. En este sentido, el Real Decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y de alquiler introduce modificaciones en el procedimiento de desahucio de vivienda, estableciéndose que el órgano judicial debe cumplir con el trámite de comunicación a los servicios sociales cuando las personas o familias arrendatarias se encuentren en una situación de vulnerabilidad, produciéndose la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por el plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando la demandante sea persona jurídica.
