El 17 de septiembre de 2018 los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón mantuvieron una reunión en Molina de Aragón (Guadalajara) donde los responsables de ambos Ejecutivos autonómicos destacaron la necesidad urgente de abordar por parte del Gobierno de España la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de servicios públicos fundamentales en territorios afectados por la despoblación, teniendo en cuenta el coste añadido que supone para las comunidades autónomas.
Una reivindicación que el vicepresidente regional también trasladó durante la inauguración del Congreso "Despoblación: un reto político (y poético)", celebrado el Sigüenza (Guadalajara) el 27 de noviembre de 2019.
Asimismo, en el último encuentro de la ronda de contactos con agentes sociales previa a la firma del Pacto contra la Despoblación, el Gobierno regional insistió en la necesidad de abordar cambios en la financiación y la fiscalidad para garantizar los servicios en el medio rural. El Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha se firmó el 28 de febrero de 2020 en Brihuega (Guadalajara) entre el Gobierno regional y los agentes sociales y entidades e instituciones relacionadas con el mundo rural de la región.
El presidente regional ha solicitado, en el marco de la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca el 31 de julio del 2021, un cambio en el modelo de financiación autonómica que contemple los costes efectivos que conlleva prestar los servicios básicos en zonas despobladas.
En enero de 2022, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha solicitado un fondo específico para luchar contra la despoblación dentro del nuevo sistema de financiación autonómica. Ha sido a través de las alegaciones al documento elaborado por el Ministerio de Hacienda. Alegaciones que incluyen, además, la creación de este fondo, el Gobierno de Page ha solicitado que el territorio sea incorporado como un elemento estructural del sistema de reparto, y no solo como un elemento corrector; y que los costes fijos se tengan en cuenta en todas las comunidades autónomas y no solo en las pequeñas.
La Ley de medidas tributarias y administrativas de 2022 incluye el paquete de medidas tributarias que anunció el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región y recoge la eliminación de 19 tasas y un conjunto de deducciones fiscales, con carácter progresivo y solidario, en el IRPF y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que tienen una incidencia directa en las familias y en la actividad económica de Castilla-La Mancha, reconociendo bonificaciones específicas para las personas y empresas que residen en el mundo rural. Entre ellas, destacar las siguientes, considerando la conveniencia de que se extendieran a las figuras impositivas en los tramos estatales:
- De hasta el 25% del IRPF por la estancia efectiva en zonas escasamente pobladas.
- Del 15 % para adquisición o rehabilitación de una vivienda habitual en zonas escasamente pobladas.
- Reducción de más del 50 % en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos para adquirir vivienda habitual o local para la implantación de centros de trabajo de empresas.
- Deducción de 500 euros durante los dos primeros años en la cuota íntegra autonómica por traslado de vivienda habitual por motivos laborales en zonas escasamente pobladas.
En junio de 2022, el vicepresidente autonómico ha intervenido en la Conferencia del Pacto Rural Europeo y ha solicitado en Bruselas una financiación europea que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios en zonas despobladas.
En el transcurso de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el 27 de julio de 2022, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha adelantado que desde el Ejecutivo autonómico se va a seguir solicitando que se retomen los estudios para el nuevo modelo de financiación autonómica y que, mientras se aprueba, se establezca un régimen transitorio similar al Fondo Covid de 2020, dotado con 16.000 millones de euros.
Los presupuestos regionales de 2023 incluyen una memoria de impacto demográfico que suponen 1.714 millones de euros para luchar contra la despoblación, lo que pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno regional con el desarrollo integral del medio rural y la garantía de acceso a los servicios públicos a toda la población con independencia del lugar de residencia.
