El 13 de enero de 2022, el presidente García-Page mantiene una reunión de trabajo con la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la que, junto a las grandes reivindicaciones en materia de infraestructuras, también estuvo sobre la mesa la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en zonas concretas y localizadas de la región que afectan a la normalidad diaria de familias castellano-manchegas.
En este sentido, hay que recordar que en 2021 las Cortes de Castilla-La Mancha remitieron al Gobierno de España una propuesta de proyecto de ley que apostaba por ahondar en la defensa de la convivencia vecinal, por agravar las penas de las ocupaciones ilegales y por agilizar el procedimiento de desalojo para atajar la problemática que afecta a determinados barrios de algunas ciudades de la región, de lo que se están beneficiando mafias de ocupación ilegal.
El presidente García-Page vuelve a poner la cuestión sobre la mesa en una reunión con el ministro de la Presidencia en abril de 2022, que coordina interministerialmente la propuesta de Castilla-La Mancha para hacer frente a la ocupación ilegal y de cara a trabajar conjuntamente en una estrategia a nivel nacional. El ministro se comprometió con el Gobierno de Castilla-La Mancha a analizar, estudiar y dar respuesta lo antes posible al texto elevado al Gobierno de España.
En mayo de 2022, el Gobierno de Castilla-La Mancha estuvo presente en un Congreso de Ocupación Ilegal en Málaga con juristas con experiencia en la materia en el cual se expuso la iniciativa legislativa que se ha presentado al Gobierno de España, y donde se avanzó que el Gobierno de España iba a tener como referencia la normativa propuesta por Castilla-La Mancha a la hora de abordar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas.
