El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por la creación de un nuevo marco fiscal propio para las zonas que tienen problemas de despoblamiento, para lo cual ha reclamado al Gobierno de España un sistema de financiación que recoja el coste de los servicios públicos en el medio rural.
En este sentido, el Gobierno regional ha suscrito, junto con las comunidades autónomas de Galicia, Aragón, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias, la declaración institucional del "Foro de Santiago de Compostela" celebrado el pasado 23 de noviembre de 2021, para cerrar una postura común entorno al futuro sistema de financiación autonómica. La declaración conjunta de 35 puntos recoge igualmente las reivindicaciones compartidas en materia de financiación local.
Uno de los puntos que se incluyen en este texto es precisamente el relativo a la necesidad de reforzar el principio de suficiencia, en concreto, la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea, a través de la vinculación de los recursos que atribuye el sistema de financiación a la evolución de las necesidades de gastos de las Comunidades autónomas y de los ingresos totales del Estado, por supuesto alentando la necesidad de las autonomías en el ejercicio de su capacidad normativa.
Por otro lado, destacamos que el Gobierno regional ha elaborado la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, norma pionera aprobada el 6 de mayo de 2021 en las Cortes regionales, que incorpora novedades importantes desde el punto de vista fiscal y de la garantía de los servicios públicos esenciales en los pueblos afectados por la despoblación. En concreto, la norma introduce por primera vez la política fiscal para luchar contra la despoblación, dentro del ámbito de sus competencias, como es el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en los impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma.
Por último, en enero de 2022, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública un documento con observaciones al Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada remitido en diciembre de 2021 a las Comunidades Autónomas para iniciar la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica. La valoración que se hace desde el Ejecutivo autonómico se basa en la necesidad de que las variables de dispersión o despoblación pasen a formar parte del cálculo de la población ajustada con una ponderación propia según su incidencia en los costes de provisión de los servicios correspondientes, y no como variables correctivas únicamente.
