En cumplimiento de la norma que regula el Código Ético y de la obligación de adhesión establecida, todas las personas que se incorporaron como altos cargos a la Junta en julio de 2019 han firmado una declaración de adscripción al mismo, adquiriendo el compromiso de cumplir los valores, principios y pautas de conducta en él contenidos y de veracidad en los datos declarados, consintiendo a la publicación de la declaración de rentas, bienes y actividades en el Portal de Transparencia de la Junta, así como a facilitar la divulgación del Código y el conjunto de obligaciones que éste comporta. Estas personas se suman a quienes continúan en sus cargos y que ya se adhirieron al Código en 2018, cuando éste fue creado.
Por otro lado, la Comisión de Ética Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, creada en virtud del Decreto de 2018 por el que se aprueba el Código Ético para los Altos Cargos o Asimilados de la Administración de la Junta, ha tomado tres acuerdos desde su puesta en funcionamiento: el primero de ellos, en diciembre de 2018, sobre las reglas de funcionamiento de la propia Comisión y otros aspectos organizativos relacionados con sus funciones; los dos restantes, en mayo de 2019, sobre el modelo de declaración de rentas, bienes y actividades para los altos cargos de la administración, y sobre la estructura y el contenido del modelo de currículo académico y profesional de las personas que ostentan altos cargos en la misma.
La Comisión es un órgano de asesoramiento para el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Decreto que aprueba el Código Ético, depende de la Vicepresidencia del Gobierno y entre sus funciones se encuentran la proposición de medidas de impulso y consolidación de la cultura ética en el ámbito de la administración regional, además de velar por el cumplimiento del propio Código Ético.
El 7 de septiembre de 2021, se aprobó, en la reunión ordinaria de la Comisión de Ética Pública, el Informe de Seguimiento y evaluación del cumplimiento del código ético de los altos cargos y asimilados de la administración. Años 2019-2020. Dicho informe concluye que los cargos públicos se han adherido al Código ético, han presentado su declaración de bienes y actividades, así como, presentado su currículo académico y profesional. Además, no se ha recibido ninguna queja o denuncia sobre alto cargo o asimilado de la administración regional.
En julio de 2024 se publica la Ley de integridad pública de Castilla-La Mancha que introduce novedades como la regulación de los conflictos de interés (cuando un cargo público debe abstenerse en una decisión o procedimiento), informes sobre la evolución del patrimonio de los altos cargos o la obligación de presentar una declaración responsable al tomar posesión del cargo de no presentar ninguna incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública. La norma crea una Oficina de Integridad como órgano de prevención y vigilancia.
