En el marco del Debate sobre el Estado de la Región de 2017 se aprueba una resolución en las Cortes de Castilla-La Mancha para instar al Gobierno de la Nación a implementar las reformas necesarias en el Impuesto sobre el Patrimonio y el tramo autonómico del IRPF con el objetivo de mejorar su progresividad, de manera que todas las personas contribuyan al sostenimiento de las gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
También, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha expresado en sede parlamentaria la necesidad de instar al Gobierno de la nación a que inicie cuanto antes una reforma fiscal que haga del sistema tributario un sistema tributario más justo y equitativo, que grave a en función de la capacidad económica y que sea un sistema de financiación suficiente, es decir, que aporte los recursos necesarios para la financiación de las competencias de las comunidades autónomas, corrigiendo los desequilibrios interterritoriales, haciendo efectivo el principio de solidaridad.
Por otro lado, en la declaración institucional firmada en septiembre de 2018 en Zaragoza por los presidentes de seis comunidades autónomas, entre los que se encontraba el presidente de Castilla-La Mancha, se incluye la petición al Gobierno central de establecer una redefinición de la recaudación normativa de modo que se garantice que a cada territorio se le imputan los recursos que le corresponden y que las comunidades autónomas asuman la plena responsabilidad en el ejercicio de su autonomía financiera en base al principio de la corresponsabilidad fiscal entre regiones.
Un modelo fiscal más justo y solidario que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aplicado en la región mediante un conjunto de modificaciones de tributos y tasas en el ámbito de sus competencias, que ha supuesto en 2016 la implantación de una política tributaria progresiva en la que cada persona contribuya al sostenimiento de las arcas públicas según su capacidad económica.
