El Gobierno de García-Page apuesta por una política tributaria basada en la equidad y en la progresividad, es decir, que cada ciudadano contribuya al sostenimiento de las arcas públicas según su capacidad económica, y que los ingresos que se generen financien, por un lado, unos servicios públicos dignos y adecuados a las necesidades sociales de la región y, por otro lado, promuevan el crecimiento económico, a fin de generar más riqueza y más empleo.
De este modo, el Gobierno regional ha aplicado una modificación tributaria en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias aprobada en 2016 por las Cortes regionales, con más bonificaciones a las rentas más bajas. Esta ley supone la implantación de una política tributaria progresiva en la que cada ciudadano contribuya al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica.
Así, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se convierte en Castilla-La Mancha en un impuesto progresivo y no regresivo, como estaba en la anterior legislatura, ya que de cada 1.000 herencias, el 98% están exentas del pago del impuesto. Otro ejemplo, es la reducción de un punto del tipo impositivo reducido en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es el que se paga por transmitir la vivienda habitual siempre que sea inferior a 180.000 euros.
El Gobierno regional no ha realizado ninguna subida fiscal en 2017 ni 2018, como se comprometió con los agentes económicos y sociales, ni ha alterado ninguna figura tributaria, ya que lo condiciona al debate de la financiación autonómica, en el que se quieren fijar tipos mínimos y máximos para los tributos regionales a fin de evitar competencias desleales entre territorios.
