La autovía pendiente para conectar Toledo y Ciudad Real es un proyecto en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva décadas por su complejidad medioambiental, hasta el punto de que fue su ejecución fue suspendida por los tribunales. En 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el proyecto y así lo ratificó el Tribunal Supremo en la resolución del recurso interpuesto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La postura del Gobierno de Castilla-La Mancha en este sentido es que desde el Gobierno de España se trabaje en la búsqueda de un trazado alternativo respetuoso con el medio ambiente que permita la ejecución de esta infraestructura. En este sentido se pronunció el presidente regional en la reunión mantenida el 4 de octubre de 2024 con el presidente del Gobierno de España, que solicitó la urgencia de abordar este proyecto al ser de vital importancia para la economía regional.
A su vez, el 10 de octubre de 2024 hubo en las Cortes de Castilla-La Mancha un debate general en política de autovías. En este debate el grupo parlamentario socialista, a instancias del Gobierno regional, trabajo en una resolución en la que las Cortes de Castilla-La Mancha solicitan al Gobierno de España el desarrollo de los proyectos de la Autovía Toledo-Ciudad Real. En este mismo sentido se volvió a pronunciar el presidente de Castilla-La Mancha en el Debate de Estado de la Región celebrado el 15 de octubre de 2024, donde incluyó la autovía Toledo-Ciudad Real entre las reivindicaciones al Gobierno de España en materia de infraestructuras.
