Castilla-La Mancha reclama al Gobierno de España una normativa que dé mayor seguridad jurídica al planeamiento urbanístico y evite los efectos de las declaraciones de nulidad total de estos instrumentos, junto con una regulación de la acción pública en materia de urbanismo que impida su uso abusivo.
En septiembre de 2026, el consejero de Fomento envió una carta a la nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana con motivo de su nombramiento, en la que le trasladó la disposición del Gobierno regional a seguir trabajando conjuntamente y reiteró la necesidad de un planeamiento con mayor seguridad jurídica que evite los efectos de las declaraciones totales de nulidad de los instrumentos urbanísticos y el abuso de la acción pública en esta materia. El consejero subrayó que la actuación coordinada entre administraciones es clave para lograrlo.
Castilla-La Mancha mantiene así abierta la interlocución directa con el nuevo equipo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que el Gobierno de España impulse esta normativa y se cumpla la exigencia jurisprudencial de que el ejercicio de la acción pública respete el artículo 7 del Código Civil y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que obligan a ejercer los derechos según las reglas de la buena fe y que prohíben el abuso de derecho.
